El Parlamento de Venezuela rechaza la ley mordaza aprobada por el chavismo

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, rechazó hoy la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” que aprobó este miércoles la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por considerar que, al contrario de lo que asegura el gobierno, promueve el “odio, la división y la destrucción del país”.

“Esa ley es la ley del odio, no es para frenar el odio. Esa ley lo que promueve en Venezuela es el odio, la división y la destrucción de la libertad del país. Esa es una ley que lo que promueve simplemente es la intolerancia en Venezuela”, dijo el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges.

En una rueda de prensa, Borges indicó que esta ley mordaza es “absolutamente contraria” a los valores de los venezolanos y afirmó que lo que busca es sembrar miedo en los medios de comunicación, los partidos políticos y a la sociedad en general.

El Parlamento de Venezuela rechaza la ley mordaza aprobada por el chavismo

Conferencia. El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, habla durante una rueda de prensa, este jueves en Caracas. /EFE

Este miércoles la ANC aprobó una “Ley contra el Odio” que castigará con hasta 20 años de cárcel actos de discriminación por raza, extracción social o ideología política, además de contemplar el cierre de medios y partidos que promuevan “el fascismo”.

Esta norma es una idea que el presidente Nicolás Maduro propuso, incluso, antes de que se instalara en agosto la ANC y con motivo de las protestas antigubernamentales que se desarrollaron entre abril y julio de este año.

En ese sentido, el jefe del Legislativo dijo que “el Gobierno está absolutamente equivocado si (…) piensa que puede contener el sentimiento que hay en la población venezolana a través de la represión y del miedo”. A su juicio, esta ley “lo que busca es callarle la boca al pueblo”.

La polémica ley fue expresamente solicitada por el presidente Maduro a la Constituyente, compuesta solamente por oficialistas, para acabar con los supuestos mensajes de “odio” que según el gobierno dispararon la ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto y dejaron más de 120 muertos, decenas de heridos y detenidos.

“Quien públicamente (…) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (…) será sancionado con prisión de 10 a 20 años”, establece el artículo 20 de la ley.

El texto prevé también la posibilidad de castigar con penas de 8 a 10 años de prisión a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio, la misma medida que se aplicará al personal sanitario que discrimine a la hora de prestar atención.

Fuente: Clarin